El nuevo registro de líneas móviles enfrenta un calendario inviable que amenaza con afectar la conectividad de millones de usuarios y elevar los costos operativos del sector, advierten especialistas.

El más reciente intento por implementar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil arranca con una alerta clara. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advierte que el principal riesgo de esta política pública no está en su objetivo, sino en el plazo establecido para su ejecución, el cual podría impactar tanto a los usuarios como a la industria de telecomunicaciones.

En un mercado donde la conectividad es un insumo esencial para la actividad económica, imponer un calendario prácticamente imposible de cumplir amenaza con generar fallas operativas, vulnerar datos personales y afectar directamente el acceso a servicios móviles.

Un desafío que impacta al consumidor

México cerró 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas. Registrar cada una en un plazo de 172 días implicaría procesar alrededor de un millón de líneas diarias, de forma continua.

Desde la óptica del usuario, el riesgo es claro: registros incompletos, errores en la captura de datos, saturación de plataformas y, en el peor de los casos, la suspensión indebida de líneas activas por incumplimientos administrativos.

La pérdida de conectividad no es un asunto menor. Para millones de personas, el teléfono móvil es una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, realizar pagos, acceder a servicios financieros o mantenerse comunicados.

Costos y presión para los negocios

El impacto no se limita al consumidor. Para los operadores, el registro supone una carga operativa y financiera significativa. El problema es que no todos los jugadores parten del mismo punto.

Mientras los grandes operadores cuentan con mayor infraestructura, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) enfrentan exigencias desproporcionadas: contratación de proveedores tecnológicos, desarrollo de plataformas de validación, pruebas de seguridad, adecuaciones en procesos comerciales y refuerzos en atención al cliente, todo en un periodo muy corto.

De acuerdo con Piedras, esta presión puede traducirse en mayores costos operativos, frenos a la competencia y, eventualmente, impactos en precios o en la calidad del servicio para el usuario final.

Datos personales, un riesgo latente

A la complejidad operativa se suma un tema crítico para usuarios y empresas: la seguridad de los datos personales. Las recientes fallas y fugas de información en sistemas de Telcel —operador con alrededor de 85 millones de usuarios, casi dos tercios de la población— evidencian la fragilidad de los mecanismos actuales.

El registro implica concentrar información altamente sensible de millones de personas. Sin una arquitectura tecnológica robusta, estandarizada y auditada, el riesgo de filtraciones, usos indebidos o ataques cibernéticos se incrementa.

Centralizar datos sin blindajes suficientes, subraya el especialista, no reduce riesgos: los multiplica, con posibles consecuencias legales, reputacionales y económicas para las empresas involucradas.

Un plazo más largo, una mejor implementación

Desde la perspectiva de usuario y de negocio, la clave para evitar un nuevo fracaso está en relajar el plazo de cumplimiento. Un calendario realista permitiría a los operadores desarrollar sistemas más seguros, capacitar personal, probar plataformas y corregir errores antes de afectar a los clientes.

No se trata de cancelar el registro, sino de implementar una política viable, que fortalezca la seguridad sin poner en riesgo derechos ni dañar la dinámica del mercado.

Insistir en cumplir plazos imposibles no garantiza resultados. Por el contrario, debilita la confianza de los usuarios, eleva los riesgos operativos para las empresas y amenaza con convertir un objetivo legítimo en un problema para la economía digital del país.